Reflexiones: Justicia a la víctima, rehabilitación al inocente

Sergio Pérez de Arce A.
Administrador Apostólico
Diócesis de Chillán

El caso de Renato Poblete ha puesto en evidencia, una vez más, la realidad de los abusos cometidos por clérigos. Y no deja de llamar la atención que persistan voces que, en vez de empatizar con la víctima, critiquen a la denunciante o defiendan al sacerdote. Por eso hay que insistir en la prioridad de la víctima: acogerla, escuchar su historia, solidarizar con su dolor. Es cierto que en el caso que comentamos la investigación recién ha comenzado, pero si la denuncia se ha dado a conocer es porque en un primer discernimiento se ha juzgado como verosímil.

 

A estas alturas hay bastante evidencia de que una persona abusada puede tardar años y décadas en dar a conocer su dura experiencia. Dar este paso no es nada fácil, pero es indispensable en el proceso de sanar heridas. Por eso, solo cabe apoyar cuando la denuncia es responsable y no es manifiestamente falsa, porque es indignante que un menor o una persona vulnerable haya encontrado atropello a su dignidad cuando buscaba acogida, haya encontrado humillación cuando buscaba apoyo y orientación.

 

La justicia y la reparación son exiguas en buena parte de las situaciones de abuso. En muchos casos, los hechos están prescritos desde el punto de vista de la justicia civil y no llega a existir una pena efectiva. En el caso de la justicia eclesiástica, las penas son de orden moral o religioso, sin que una condena canónica se pueda transformar en cárcel para el que delinque. Por eso es tan importante el modo en que las instituciones tratamos estas situaciones, superamos nuestras negligencias y favorecemos una cultura del cuidado y la protección. Hay que trabajar por los mayores grados de justicia y reparación posibles.

 

En la otra cara de la medalla, estos días hemos conocido que varios sacerdotes que fueron investigados por presuntos abusos sexuales y conductas impropias, en el caso denominado “La Cofradía”, en Rancagua, han sido sobreseídos por la justicia porque no se estableció la existencia de delitos ni que los investigados hayan tenido participación en ilícitos. Siete sacerdotes de catorce ya han sido sobreseídos.

 

Estos hechos tuvieron gran publicidad a través de un reportaje de Canal 13. Está muy bien que los medios de comunicación hagan su trabajo por develar hechos corruptos que hacen daño a personas inocentes, pero deben hacerlo con responsabilidad, sabiendo las consecuencias que puede tener una información no suficientemente cotejada o, incluso, evidentemente falsa.

 

Lo que los medios hacen escasas veces, es ayudar a restituir la fama de aquellos que fueron acusados y que han sido hallados inocentes. En un programa de recuento de fin de año, en diciembre, los periodistas Constanza Santa María y Emilio Sutherland destacaban el acierto del reportaje sobre la llamada Cofradía, pero en ningún momento dijeron que a esa fecha ya habían sido sobreseídos tres sacerdotes y que un juez había dicho que la tal cofradía no existía. Ellos siguieron hablando de la cofradía como una realidad cierta y no tuvieron la más mínima transparencia ética de decir que, al menos en parte, el reportaje ya no decía solo verdades.

 

La verdad siempre puede ser incómoda. Lo es si una institución quiere esconder o relativizar hechos delictivos, porque su conocimiento daña su “buen nombre”. Y lo es también si un medio de comunicación no reconoce sus errores o no repara un daño hecho, porque pone en cuestión su “éxito”. Pero la verdad nos hace libres, como dice Jesús, y es indispensable para sembrar justicia y construir una sociedad que toma en serio el sufrimiento de los más débiles.

(Fuente: Diario LA DISCUSIÓN, Chillán 3 de febrero de 2019)

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